No tiene consideración de ingreso indebido el realizado por el contribuyente de forma extemporáneo para obtener la excusa absolutoria en el orden penal, sobre los ejercicios ya prescritos a efectos tributarios, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de junio de 2017.

El ponente, el magistrado Frias Ponce, concluye que una vez admitida la posibilidad de regularizar el quinto año, es decir el más antiguo, que en el momento de la presentación de la declaración complementaria puede estar prescrito administrativamente, pero no penalmente, se plantea el problema de la naturaleza del ingreso extemporáneo de una deuda prescrita en el ámbito tributario, cuya devolución podía solicitarse al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 221 de la Ley General Tributaria , o bien ante un pago irreversible.

Por ello, estima que la actuación de quien pretende la solicitud de devolución, después del pronunciamiento de la jurisdicción penal, resultaría contraria a sus propios actos y hasta podría calificarse como fraude de ley, en cuanto realizó un ingreso para conseguir la exoneración de la responsabilidad penal.

No obstante, antes de la modificación de la Ley General Tributaria (LGT) operada por el Real Decreto-Ley 12/2012, no existía previsión alguna relativa a la exoneración de responsabilidad por el delito de defraudación tributaria, por lo que debía estarse a la regulación del Derecho Penal, no estando tampoco facultada la Administración para determinar si el obligado tributario había o no regularizado la situación tributaria, al corresponder dicho análisis a la jurisdicción penal.

Esta situación se vio alterada por el Real Decreto-Ley 12/2012, que añadió al artículo 121.1 c), que establece que se consideraran ingresos indebidos las cantidades por deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción y que estas son objeto del procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Sin embargo, la norma añade que en ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la exoneración de responsabilidades en los supuestos previstos en el artículo 180.2 de la LGT.

A su vez, este artículo 180.2, introducido en la misma reforma, preceptúa que si Hacienda estima que el contribuyente, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, regulariza su situación tributaria, satisfaciendo las deudas tributarias una vez precrito el derecho de la Administración a determinarlas, ésta le exonera de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida fuese constitutiva de delito fiscal. Así, Hacienda podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa al juez o al fiscal.

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