En una reciente sentencia dictada por la Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 27/12/2018 obliga a la aseguradora a reparar el vehículo aún cuando el valor de la reparación sea superior al valor venal del vehículo dado que entiende la sala que CONOCER NO EQUIVALE A CONSENTIR

Se promueve acción judicial contra la compañía de seguros al sufrir un accidente de tráfico por colisión con otro automóvil. La reparación asciende a 7.483,90 €, mientras que la cuantía indemnizatoria por parte de la compañía aseguradora fue únicamente de 3.500€.

La aseguradora se opuso a la acción argumentando que, aunque reconoce que el demandante tiene contratada una póliza de seguros a todo riesgo, en las condiciones generales del contrato se pactó que cuando el coste de la reparación de los desperfectos excediera el 75% del valor venal del vehículo, la compañía únicamente estaría obligada a indemnizar en la suma equivalente a dicho valor venal.

En Primera Instancia, se desestimó la demanda con la consiguiente imposición de costas al actor, al admitir que la cuantía de la indemnización quedaría limitada al valor venal, una vez descontados la franquicia y el valor de los restos del vehículo. recurrida la sentencia en Apelación el actor argumenta que reconociendo que el valor venal del vehículo es menor que el coste de la reparación, sin embargo, la aseguradora está aplicando una estipulación contenida en las condiciones generales de contratación que no han sido firmadas por el asegurado sin tener en cuenta que en las condiciones especiales se regulaba la cobertura de los daños propios del vehículo sin más limitación que la franquicia de 220€. La aseguradora opuso que el actor conocía las condiciones generales al conocer las particulares, pero lo cierto es que ni siquiera estas fueron firmadas por el actor y que en cualquier caso, la técnica de la remisión a otros textos o fuentes para facilitar al cliente o usuario información sobre determinados aspectos del contrato, singularmente cuando se trata de condiciones gravosas o limitativas para aquellos, no es admitida por la jurisprudencia como un sistema eficaz y transparente de información al consumidor. La aceptación de las cláusulas deberá realizarse, bien con la firma o bien con un acto inequívoco por parte del asegurado del que pueda deducirse su consentimiento a las mismas, el cual no podrá entenderse producido con la simple tenencia de las condiciones generales, pues, como afirman las SSTS de 19 de diciembre, 31 de marzo y 17 de noviembre de 1990,”conocer no equivale a consentir”. El apelante no puede resultar vinculado por ningún aspecto contractual sobre el que no ha prestado su consentimiento, por haberse incurrido en patente infracción de las normas imperativas del artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro.

En definitiva, la indemnización a favor del apelante debe ponderarse con abstracción del contenido de las condiciones generales, de modo que, conforme a las condiciones particulares, aquella indemnización, constituida por el importe de la factura de reparación satisfecho por el asegurado, únicamente puede quedar sometida al límite de la franquicia estipulada en las propias condiciones generales.
Se estima el recurso de apelación y en consecuencia, con estimación íntegra de las pretensiones deducidas en la demanda, se condena a la aseguradora a abonar al actor la suma de 3.763,90 euros, más los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.
Se imponen a la demandada las costas derivadas de la primera instancia, y no se efectúa pronunciamiento expreso sobre las costas devengadas en esta alzada.

Isabel Lagoa Hernández

Abogada

Abogados Majadahonda

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *