Comentario a la sentencia de la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid  de  Fecha 26/11/2018 Número Sentencia: 425/2018

El Juzgado nº1 de Alcobendas estimo parcialmente la demanda presentada por un peatón que sufrió un atropello por patinete, condenando a la aseguradora demandada a indemnizar a la demandante en la cantidad total de treinta y nueve mil setecientos noventa y siete euros con treinta y dos céntimos ( 39.797,32E) más los intereses del artículo 20 LCS y absolviéndola de las demás pretensiones deducidas en su contra y sin hacer expresa imposición de costas en la instancia.

En el presente caso el demandante solicitaba ser indemnizado en la cantidad de 84.783,75 €, por los daños y perjuicios que se le ocasionaron el día 6 de octubre de 2.013 cuando, durante la celebración de un campeonato de camiones, caminaba en una zona peatonal del circuito del Jarama y fue arrollado por un patinete eléctrico, como consecuencia de una acción imprudente de su conductor. La actora dirige la acción frente a la entidad seguradora, solicitando indemnización tanto por días de sanidad, 50.689,56 €, como por secuelas 63.361,96 € y por incapacidad permanente parcial, 19.115,19€. La entidad demandada se opuso a dichas pretensiones alegando las excepciones de falta de legitimación pasiva, litisconsorcio pasivo necesario y prescripción, oponiéndose subsidiariamente a la cuestión de fondo e impugnando las cantidades indemnizatorias solicitadas por el demandante.

En Primera Instancia se consideró legitimada pasivamente a la entidad demandada en cuanto aseguradora, a pesar de no tener los patinetes la consideración de vehículos de motor, a los efectos de la ley de seguridad vial y no poder ser considerado el accidente objeto de este procedimiento un hecho de la circulación, argumentando que la aseguradora tenía un seguro voluntario en el que es objeto de cobertura la responsabilidad civil voluntaria, señalando por otro lado, que en la citada póliza se asimila el patinete eléctrico segway a un vehículo de motor, sin limitar su cobertura a los hechos de la circulación strictu sensu.

Respecto de las indemnizaciones solicitadas por la parte actora, tras analizar los diferentes informes periciales aportados, se redujeron las cantidades solicitadas tanto por lesiones y secuelas, como por incapacidad permanente parcial y gastos, condenando, tras rectificación en parte la inicialmente concedida, a la demandada a abonarle la cantidad de 39.727,32 €, más los intereses del artículo 20 LCS.

Contra la resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,  y admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado a la apelada que a su vez presentó  escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario.

El debate se centra en si a pesar de no ser considerado el patinete un vehículo a motor “strictu sensu”, se puede considerar la responsabilidad de la demandada como aseguradora del patinete y si esa conducta tiene cobertura en la póliza de seguro concertada entre el propietario del patinete y la demandada.

Concluye la segunda instancia que tal comportamiento es imputable a la aseguradora, al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la LCS, que le obliga a responder frente al perjudicado por los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato.

En consecuencia, acreditado que el accidente se ha producido por un deficiente manejo o funcionamiento del patinete, esa actuación genera responsabilidad civil, tanto en su autor como en el propietario y derivadamente en la Aseguradora, al estar incluida esa responsabilidad dentro de las coberturas de seguro concertado entre ellos y siendo esa la responsabilidad que aquí se reclama, tal comportamiento es imputable a la aseguradora, al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la LCS, que le obliga a responder frente al perjudicado por los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato, ratificando la sentencia de primera instancia.
Se aplica el factor de corrección del 10% sobre las indemnizaciones por incapacidad temporal. Dicha concesión se sustenta y ajusta a los criterios y doctrina establecida por el tribunal Supremo, en las sentencias que allí se citan, según la cual la regulación del factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta tiene como objeto principal reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, sin que para ello sea preciso hacer referencia alguna a la actividad del afectado, siendo además compatible con las demás de la tabla, bastando para su reconocimiento la constatación de unas secuelas de carácter permanente, que incidan en las tareas propias de su ocupación habitual y tal incidencia se da en el caso presente.
Se condena en costas a la parte apelante.

Isabel Lagoa Hernández

Abogada

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